La última encuesta nacional sobre percepción de la corrupción, publicada hace pocos días, colocaba a este problema como el segundo de más importancia para el país, solo después de la inseguridad. A nivel político, sin embargo, parece ser el más grave de todos. Al menos, eso es lo que encontramos al revisar los procesos judiciales que afrontan los candidatos al próximo Congreso. Según la plataforma digital ‘Candidatos 2020’, presentada ayer por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 82 aspirantes al nuevo Parlamento registran procesos penales vigentes, 74 de ellos por delitos de corrupción. Una cifra importante de los más de tres mil candidatos sobre los cuales el electorado emitirá su voto el 26 de enero.
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