En noviembre pasado se cumplió un año desde que el Congreso de la República -hoy disuelto- aprobara el informe de la Comisión Lava Jato presidida por la congresista Rosa Bartra, que disponía -entre otros aspectos- denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y nueve exministros por los Casos Gasoducto Sur, Centro de Convenciones de Lima y Trasvase Olmos. Esto, a fin de que la Fiscalía de la Nación pueda presentar una denuncia contra los altos funcionarios ante el Poder Judicial.Los tres casos implican a Humala Tasso y a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna, Juan Benites Ramos, René Cornejo Diaz, Carlos Paredes Rodríguez, José Gallardo Ku, Rosa Soledad Ortiz Ríos por los presuntos delitos colusión agravada y omisión de actos funcionales.Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos ha sido procesado, pues el Parlamento no procedió con la formalidad de presentar la debida acusación constitucional, tal como se había recomendado. Ello, pese a que por siete meses, la Fiscalía de la Nación insistió en que se formalice dicha acusación.