La mayoría de nuevos congresistas se rehúsa a presentar su declaración jurada de intereses, que, si bien no es un requisito para jurar el cargo como sí lo es la declaración de bienes y rentas, es una norma que está vigente desde diciembre pasado, a través de un decreto de urgencia.En esta declaración, todos los funcionarios públicos están obligados a dar cuenta de sus participaciones en empresas de todo tipo, así como los centros laborales de sus familiares más cercanos. La mayoría de los congresistas, según lo han expresado representantes de diversas bancadas a El Comercio, ha decidido no darle prioridad al tema, pese a que el decreto de urgencia establece que la declaración debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles de haber sido elegidos.