Por Diego Uceda, periodista. Mientras el país se prepara para participar en la segunda vuelta de las elecciones, en torno a PetroPerú se enfrentan sordamente dos administraciones. Por un lado, ProInversión, la agencia encargada de supervisar una reestructuración patrimonial destinada a buscar capitales privados. De otra parte, los ejecutivos de la compañía, deseosos de retrasar el proceso. Esperan que gane Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuyo gobierno mantendría la estructura estatal intacta, aun con pérdidas. El fisco continuaría cubriéndolas por varios años más, hasta que la producción del lote Z-62, de Anadarko y Chevron -un rico yacimiento en el mar de La Libertad- vuelva provechoso el negocio petrolero. En esa perspectiva, la burocracia mantendría sus privilegios, llamativos durante la bancarrota. Desde luego que en la tensión -no admitida públicamente- hay un trasfondo ideológico, por las divergencias usuales sobre el rol del Estado en la economía. Sin embargo, la discusión no está en términos de privatizar o no PetroPerú. Fuerza Popular considera establecer una asociación público-privada, luego de una reorganización que cortaría el aporte continuo de dinero público a la empresa. Keiko Fujimori tiene un caudal de votos apreciable en las zonas petroleras del norte y del oriente, con familias que desconfiarían de una privatización. En cuanto a Juntos por el Perú, plantea una gestión estatal de los recursos naturales. Esta es la opción de los gerentes, que en una reforma serían reemplazados por una nueva generación de funcionarios. (Edición domingo).