Estas elecciones pasarán a la historia por caóticas, poco transparentes y, en general, atentatorias contra el ejercicio del derecho al voto de miles de peruanos, gracias a la torpeza contumaz de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tras los despropósitos que caracterizaron su performance en la primera vuelta, cualquiera pensaría que las precauciones para la segunda serían extremas, pero no es eso precisamente lo que está ocurriendo. A pocos días de que tengamos que volver a las urnas, efectivamente, la mentada entidad ha dispuesto la modificación de locales de votación para más de 161 mil electores en el ámbito nacional, lo que supone la reubicación de 549 mesas de sufragio que funcionaron durante la primera vuelta electoral. Más de un tercio de esos electores -78.894 para ser exactos- corresponden a Lima; es decir, a la plaza donde se produjo el mayor número de irregularidades el 12 de abril.