Por Martín Fariña Von Buchwald, socio fundador de LXG. La minería ilegal peruana no acaba en la draga de Madre de Dios: es una cadena productiva internacional con muchos eslabones cómodos y respetables: personas que financian el capital de trabajo de procesadoras de oro, bancos peruanos y globales, auditores internacionales, asesores financieros y legales, transportadores de valores que llevan las barras doré desde la planta procesadora al Callao y después hasta Emiratos Árabes Unidos, navieras y aerolíneas que las embarcan. Cada uno cree estar lejos del lodo. No lo está. La buena noticia: la cadena tiene dos debilidades. El eslabón decisivo no son los mineros dispersos, imposibles de fiscalizar, sino las procesadoras que no garantizan trazabilidad y las grandes mineras que compran mineral barato de terceros sin trazabilidad para subir su margen. Probablemente cinco empresas expliquen el 80% del riesgo. El otro eslabón débil son las multinacionales como bancos, navieras, transportadoras de valores y calificadoras de riesgo que lucran bien de la cadena. Cortar el sistema es posible: otros lo lograron con bienes más difíciles de rastrear. El primer ejemplo es la vicuña. Su fibra, de las más caras del mundo, fue por décadas, en el mismo territorio, botín de furtivos. El Perú construyó un sistema que funciona: solo se obtiene del `chaccu' –esquila del animal vivo supervisada por el Estado–, cada prenda exportada lleva certificado de origen y solo unas pocas empresas certificadas usan la marca registrada Vicuña Perú. Es más complejo que rastrear el oro y, aun así, hoy es muy difícil colocar fibra ilegal en el mercado formal internacional.