El pacto fue firmado por el candidato de JPP, Roberto Sánchez, con la Fenatep-Movadef el 12 de mayo último. Allí el congresista se compromete a liberar a presos detenidos por terrorismo y disturbios, y –como intentaron hace pocos años– a imponer a como dé lugar una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna. Una medida, esta última, con la cual la mayoría de los peruanos ha manifestado no estar de acuerdo en reiteradas oportunidades, pero que pone en evidencia cuál es la hipoteca real de este grupo político. Todo indica que se trata de un acuerdo sobre el cual Sánchez no ha informado ni siquiera a los aliados que reclutó en las últimas semanas. Al menos eso reconoció ayer Duberlí Rodríguez, de Unidad Popular, quién afirmó no tener conocimiento del trato con esa federación magisterial vinculada a Sendero Luminoso. En el documento, que lleva la firma del propio Sánchez, se asume el compromiso de liberación de lo que ellos denominan ‘presos políticos’. Es decir, el candidato de JPP se compromete con el Movadef a “impulsar la libertad de los luchadores populares y al cese de los llamados juicios penales”, entre ellos, cómo no, los que se le siguen a Pedro Castillo, por corrupción y por su faena golpista. Pero claramente también favorecerían a condenados por terrorismo, como Guillermo Bermejo, como bien acota el exministro del Interior Carlos Basombrío. Todo ello, aparte de la exigencia, allí consignada de “honrar la memoria de los héroes caídos en el sur del Perú” y darle “castigo ejemplar a los culpables políticos” de aquellos sucesos, aludiendo a las protestas violentas de diciembre de 2022, que estas mismas organizaciones se encargaron de llevar a cabo.