Por Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Juntos por el Perú (JP) es consciente de que buena parte de su agenda económica inicial depende del cambio de Constitución. Esto no quiere decir que no se pueda hacer mucho daño desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero los cambios de fondo que persiguen solo se consiguen con un nuevo texto constitucional. Las acusaciones en contra de la actual carta magna son varias. Que no representa la voluntad del pueblo. Que “encogió el papel del Estado y abrió la soberanía nacional a la influencia de poderes externos –las grandes corporaciones y los tribunales arbitrales internacionales–”. Que, al “reducirlo a un rol subsidiario”, ató las manos del Estado “para administrar los recursos naturales de la Nación”. Que “no ha repartido sus frutos entre todos: concentra la riqueza en unos pocos mientras deja a la mayoría en la precariedad”, y por eso “el Estado debe recuperar un papel activo en la economía”. Y esas son citas del plan “moderado” que presentó JP y sus aliados hace una semana. Ya se imaginan cómo iba el original presentado ante el JNE en diciembre. ¿De qué trata entonces el llamado capítulo económico de la Constitución, tan vilificado por esta izquierda política? ¿De verdad es un gran texto “neoliberal” que pone al mercado sobre los derechos básicos? ¿A las grandes corporaciones y monopolios por encima del pequeño empresario y los consumidores? En primer lugar, les sorprenderá a algunos saber que a lo que normalmente se le llama capítulo económico (los principios generales del capítulo I del título III del texto) consta de apenas ocho pequeños artículos. Estos tienen, en promedio, un párrafo de extensión. Algunos constan de una sola línea. Todo el capítulo económico se lee en dos minutos. Por supuesto que el contenido económico general de la Constitución es mucho más extenso, pero la base son esos ocho artículos. Ahí están los que explícitamente JP prometía cambiar en su plan de gobierno original (no debe dejar de ser llamativo que promueva una asamblea constitucional de elaboración de un nuevo texto, pero ya anticipa cuál será su resultado: qué artículos se van a cambiar y cómo).(Edición domingo).