Por Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp. Una nueva explicación sobre el fracaso de Petro-Perú viene extendiéndose como mancha de aceite en una servilleta, silenciosa pero insistente. Esta afirma que los problemas financieros de la empresa estarían relacionados, en gran parte, con la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía de 1998, que dispuso una serie de beneficios tributarios para personas y empresas de la selva peruana, entre los que se encuentra la exoneración del pago del IGV por consumo de combustible. El argumento dice que, mientras Petro-Perú tiene que pagar dicho impuesto al comprar combustible y transportarlo hasta las regiones amazónicas, no puede trasladarlo al costo final cuando lo vende, por lo que, hechas las sumas y restas, termina saliendo perjudicado. El último a quien he escuchado decir esto es al excandidato presidencial Alfonso López Chau. Entrevistado hace unos días por Rosa María Palacios, el líder de Ahora Nación afirmó que el Estado Peruano obliga a Petro-Perú a subsidiar “a toda la Amazonía” y que “no hay empresa que resista eso”. Pero él no es el único. El año pasado, el entonces presidente de la compañía, Alejandro Narváez, dijo que Petro-Perú pierde mensualmente S/12 millones “por no facturar el IGV a la Amazonía” y que, sin ese y otros gastos –como el del mantenimiento del Oleoducto Norperuano–, el resultado de la empresa “sería positivo”. Por qué, según esta lógica, Petro-Perú sería la única empresa a la que esta ley en concreto ha llevado a la quiebra es una pregunta que convenientemente se elude. Pero vayamos por partes. (Edición domingo).