Por María Julia Aybar, country manager de Hunt Oil. Hace unas semanas, mientras era emitido el decreto de urgencia para sustentar el nuevo apoyo a Petro-Perú, se habló del riesgo que corría el abastecimiento de combustibles del mercado nacional y, finalmente, como lo indicó la disposición legal, se estableció que “para mitigar la crisis energética en el país y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional”, era necesario proporcionar un nuevo apoyo a Petro-Perú. Más allá de mi opinión sobre la empresa estatal y la necesidad o no de darle nuevamente rescate, apoyo, garantía o como se le quiera llamar, lo cierto es que en el Perú no estamos viviendo una crisis energética que vaya a causar desabastecimiento de combustibles en el mercado nacional. Conforme a lo establecido en la norma, Petro-Perú representa aproximadamente el 19% del mercado nacional, es decir, su situación financiera no compromete el abastecimiento de combustibles en el país. El 80% restante es cubierto por otros proveedores que operan con normalidad y capacidad suficientes. En ese contexto, resulta inexacto sostener que la no aprobación del decreto de urgencia hubiese derivado en una escasez de combustibles en los grifos. Sé que el 19% del mercado que es atendido por Petro-Perú, principalmente en regiones de la Amazonía como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, podría haberse visto afectado por su incapacidad de continuar operando; pero la pregunta es si la única alternativa viable era continuar dándole apoyo financiero o si había otra medida –menos costosa para todos los peruanos– para asegurar dicho abastecimiento. Evidentemente, alternativas existían; que no se hayan considerado o implementado es un aspecto que merece análisis aparte.