El conteo de votos no ha concluido aún, pero JPP y sus aliados ya empezaron a sembrar dudas y promover desórdenes callejeros. El propio Roberto Sánchez ha cambiado de posición de la noche a la mañana, diciendo primero que reconocería los resultados, para luego llamar a “defender el voto” y atizar versiones de fraude sin presentar pruebas. El libreto ya lo conocemos: en la primera vuelta de estas presidenciales hubo quien comenzó a agitar el bulo –entre amenazas e insultos– hasta que se desinfló porque quedó tercero. Así, hace unas horas, ni bien las cifras comenzaron a voltearse, el argumento, no por resobado menos falaz, volvió a entrar en los discursos de los que, en este caso, se saben perdedores. Negarse a aceptar una eventual derrota en las urnas no solo es antidemocrático, es también peligroso en el contexto de violencia criminal que actualmente vive el país. Un acto de irresponsabilidad cobarde, ante un conteo que se está llevando a cabo con escrupulosa transparencia. JPP y Sánchez están haciéndole el juego a sus aliados del Movadef que, fieles a su ideología, pretenden desatar nuevamente caos y miedo en la población. Esta vez con llamados a revueltas y bloqueos de puentes y carreteras que paralizarían el país y que podrían derivar en indeseables enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Frente a ello, el gobierno de José Balcázar -que parece más preocupado en hacer su tour por Europa antes de dejar el cargo, visita al papa incluida- debería sentar una posición firme y no permitir las amenazas del extremismo. Su obligación es garantizar la seguridad de los peruanos ante un posible escenario de violencia social, con negocios cerrados o vandalizados.