Por Adriana Tudela, congresista de la República. Pasada ya una semana desde la segunda vuelta electoral y habiéndose contabilizado la gran mayoría de los votos de los peruanos, todo parece indicar que Keiko Fujimori sería la virtual presidenta electa para el período 2026-2031. Su victoria, obtenida luego de tres intentos, tendría un peso simbólico importante en nuestra historia contemporánea y podría representar no solo el fin de un ciclo político, sino una enorme oportunidad para Fujimori y, sobre todo, para el Perú. Si bien uno de los retos que enfrentaría durante los próximos años será una composición parlamentaria adversa que podría frustrar reformas necesarias, hay muchas cosas que podría hacer con las facultades que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo. Emprender una política de aceleración de obras –puentes, carreteras, colegios y centros de salud debidamente equipados– sería una de ellas. Tendría también la posibilidad de diseñar, por fin, una estrategia eficaz contra la delincuencia que nos devuelva la tranquilidad y la seguridad. Es momento de atender las verdaderas necesidades del país, especialmente de los más pobres, y desbaratar la idea falaz de que, en el Perú, el presidente está totalmente sometido al Congreso de la República. Para eso será fundamental un proceso de simplificación y reducción de la burocracia que ha crecido desbordadamente durante los últimos 15 años. Reducir el tamaño del aparato público, como lo hizo Alberto Fujimori, es urgente: no solo porque este ha estado consumiendo los recursos de los peruanos, sino porque obstaculiza la inversión en actividades fundamentales para nuestro desarrollo, como la minería. (Edición domingo).