Por Ronn. Las demandas sociales en el Perú son altas. La ciudadanía exige mejores escuelas, hospitales que realmente atiendan, carreteras que conecten los mercados, seguridad frente al crimen organizado y programas sociales que ayuden a sacar de la pobreza a millones. Para atender estas demandas, el Estado necesita recursos; sin embargo, estos son persistentemente escasos. La presión tributaria del país apenas supera el 16% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del promedio latinoamericano de 22% y bastante lejos del 34% que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Esta brecha implica que el Estado peruano simplemente no recauda lo suficiente para atender lo básico, y cada año que pasa la distancia entre lo que la gente necesita y lo que el Gobierno puede financiar se vuelve más amplia. Frente a esta realidad, una tentación recurrente de ciertos grupos políticos es pensar que la solución es subir o crear nuevos impuestos. El problema de ello es que el sector formal, el que cumple con todas sus obligaciones tributarias, ya soporta una alta carga fiscal. En un reciente informe de la OCDE, se muestra que la tasa impositiva efectiva que enfrentan las empresas peruanas es una de las más elevadas de la región, lo que significa que quien invierte, genera empleo formal y cumple con sus obligaciones enfrenta un castigo tributario desproporcionado. Esta carga desalienta las decisiones de inversión, frenando así la generación de empleo formal y la ampliación de la propia base tributaria.
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