Los planes de gobierno de Juntos por el Perú (JP) –el original de la primera vuelta electoral y el sustituto de emergencia para la segunda– estaban plagados de propuestas desatinadas, impracticables o peligrosas. En ese marco, la iniciativa base de sus despropósitos era sin duda el llamado a una asamblea constituyente para reemplazar todo el texto constitucional actual. Más allá de la posibilidad real de un cambio constitucional con la actual correlación de fuerzas políticas en el Congreso, no se debe pasar por agua tibia la amenaza de JP y compañía. La Constitución de 1993, aprobada entonces en referéndum, ha sido la piedra angular del crecimiento económico de las últimas tres décadas y la garantía de que –con problemas y limitaciones– el Perú seguirá siendo una nación libre, democrática y con un régimen de economía social de mercado. A cualquier demócrata consciente debería asustarle que los cimientos institucionales del país se eliminen de un plumazo. Esa, después de todo, fue la ruta de países como Bolivia o Venezuela en el último siglo, y con un lenguaje muy similar al que usa JP para justificar su propuesta. De acuerdo con un informe publicado ayer en estas páginas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la responsabilidad macroeconómica de las últimas décadas, el crecimiento de la inversión privada y la caída de la pobreza guardan una relación estrecha con la Constitución actual. En un trabajo del 2023, el profesor Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas, iba incluso más allá y encontraba una relación causal entre el modelo de la Constitución y el desarrollo económico subsiguiente.