Por Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). Durante años venimos discutiendo qué hacer con PetroPerú. Que si lo liquidamos, un nuevo rescate o una reestructuración. Sin embargo, existe otra institución pública que comparte muchos de sus problemas, pero cuyos costos son más visibles y que afectan diariamente a millones de peruanos; se llama Essalud. A primera vista, la comparación parecería exagerada. Después de todo, PetroPerú refina combustibles y Essalud brinda servicios de salud. Pero ambas comparten una característica fundamental: operan bajo un esquema donde los incentivos para mejorar son débiles y la interferencia política es constante. En ambos casos, el Estado actúa simultáneamente como gestor y juez de su propio desempeño. Desde el 2021, Essalud ha tenido 13 presidentes ejecutivos. Entre el 2006 y el 2020 tuvo apenas seis. Con semejante rotación resulta difícil sostener cualquier estrategia de largo plazo, ejecutar reformas o exigir resultados. Y el problema no es solo quién dirige la institución, sino los incentivos bajo los que opera. A diferencia de una clínica, Essalud no enfrenta el riesgo de perder ingresos cuando el servicio empeora. Los aportes siguen llegando mes a mes, independientemente de si el afiliado consigue una cita, accede oportunamente a una cirugía o encuentra los medicamentos que necesita. La consecuencia es predecible: la presión por mejorar la calidad del servicio es nula.