Por Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Cada gobierno entrante tiene una agenda de pendientes. Las promesas realizadas en cada mitin o conferencia de prensa se acumulan. Hay expectativas; bolsones electorales que esperan que la persona que se prepara a ocupar Palacio de Gobierno recuerde la palabra empeñada y la reforma ofrecida. Como cualquier aspirante presidencial, la señora Keiko Fujimori –quien ganó las elecciones de hace dos semanas– tiene aquí una cuota de deudas por saldar. Su plan de gobierno, por ejemplo, hablaba de “implementar un centro nacional de comando y videovigilancia en las 24 regiones”, “digitalizar al menos el 80% de los trámites empresariales mediante la ventanilla única digital nacional”, “lograr que el 60% de las mypes operen en la formalidad”, entre otros ambiciosos logros. Todo esto tomará un planeamiento cuidadoso, avances progresivos y, posiblemente, algunos errores en el camino. En otras palabras, tomará tiempo. Existen, sin embargo, algunas políticas urgentes para las que el nuevo gobierno de Fuerza Popular no podrá darse el lujo de la paciencia. De hecho, hay al menos cuatro puntos que no pueden esperar hasta el 2027, sino que deben empezar a resolverse apenas jure el futuro Gabinete. El primero es la preparación para el fenómeno de El Niño (FEN). Mientras estábamos distraídos con las elecciones, las proyecciones de aguas cálidas para este año e inicios del siguiente han cambiado sustancialmente. El segundo punto de urgencia es el manejo de Petroperú. La petrolera estatal vive al filo de la insolvencia, con necesidad de rescates multimillonarios cada cierto tiempo. Pagos de vida o muerte a bonistas y proveedores acechan cada semana. Hay un tercer punto con fecha de vencimiento aún más clara: el Reinfo. Como se recuerda, el actual Congreso extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Finalmente, la reposición de los candados fiscales tampoco puede esperar. A pesar del evidente impedimento constitucional, este Congreso ha aprobado normas con amplio costo fiscal –incrementos de pensiones y de remuneraciones a personal público, sobre todo–. (Edición domingo).