El domingo pasado, Colombia celebró la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales y antes de la medianoche ya tenía cerca del 99% de las actas contabilizadas y una certeza casi absoluta acerca de la identidad del ganador, Abelardo de la Espirella, del movimiento Defensores de la Patria. Ese mismo día, dos semanas después de haber pasado por ese mismo proceso, los peruanos teníamos un conteo oficial de actas que no llegaba al 99,7%. De hecho, en esa jornada, solo entraron dos de las casi 290 actas pendientes a la cuenta. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los jurados electorales especiales o de la Organización de Procesos Electorales? La información al respecto no es clara. El caso de Colombia, en materia de presteza para ofrecer resultados del sufragio a la ciudadanía, no es el único en la región. Argentina o Chile pueden proveer ejemplos parecidos. Colombia es un país con una geografía difícil, como la nuestra, y con una cantidad de electores similar. Adicionalmente, hablamos de unos comicios en los que la diferencia final en las ánforas entre los dos postulantes es inferior a un punto porcentual, igual que en nuestro país. Por lo que ninguna de esas razones puede ser esgrimida para explicar por qué allá el conteo ha avanzado rápidamente y aquí no. Esa lentitud, por lo demás, genera dos problemas. En primer lugar, favorece la incertidumbre y da pie a que los perdedores planteen teorías absurdas para ensombrecer los resultados que ya saben que les serán adversos. Y, en segundo término, fuerza a que la transferencia se produzca en un tiempo brevísimo, con un alto riesgo de improvisación.