El 5 de junio del 2026, Roberto Sánchez lo dijo sin titubear: “Como hombre demócrata, aceptaré los resultados. Me comprometo ante el país”. Ayer, 18 días después, con el 99,71% de las actas escrutadas y más de 40 mil votos de diferencia en su contra, ese mismo hombre anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. La promesa duró exactamente lo que tardó en perder. La maniobra tiene un guion conocido. Pedro Castillo también invocó la democracia cuando le convenía y terminó dando un golpe de Estado que lo llevó a la cárcel. Sánchez fue su ministro, su candidato, heredó su sombrero y, al parecer, heredó también su manual de crisis: negar la realidad, acusar a las instituciones y trasladar la disputa a las calles. Falso demócrata, igual que su mentor. Lo concreto es esto: Sánchez pide anular los votos de cerca de 300 mil peruanos que sufragaron legalmente desde el exterior, donde Keiko Fujimori ganó con amplitud. No presenta actas adulteradas, no exhibe peritajes, no cita a ningún observador internacional que haya avalado su denuncia de “fraude en desarrollo”. La frase está diseñada para sonar grave sin tener que probarse. Acusar sin demostrar no es defender el voto, es anular aquel que no le favorece. Aquí cabe interpelar a todos aquellos que suscribieron el acuerdo “Líderes políticos por la gobernabilidad y recuperación de la democracia” en apoyo del candidato de Juntos por el Perú.