Por Natale Amprimo Plá, abogado constitucionalista. Una vez más, los sectores que antes apoyaron a Pedro Castillo Terrones, y que últimamente lo hicieron con Roberto Sánchez Palomino, anunciaron que presentaron procesos de amparo para cuestionar el cómputo de votos de los peruanos en el extranjero, como mecanismo desesperado para continuar dilatando y cuestionado la futura proclamación de quien ganó las elecciones el 7 de junio pasado. No es la primera vez que se busca impedir lo inevitable a través de ese derrotero, con la consabida pretensión de obtener manoseadas medidas cautelares dictadas por jueces cuyo desempeño en la judicatura deja mucho que desear, y que, hay que decirlo, fueron objeto de protección de la anterior Junta Nacional de Justicia. Recordemos no más las famosas –por aberrantes– medidas cautelares que en el 2021 se obtuvieron para paralizar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, o las que en el 2023 buscaron impedir provisionalmente la elección del defensor del Pueblo. O, cómo no recordar, las resoluciones judiciales que se emitieron a favor de la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la otrora Junta Nacional de Justicia, esperadas pacientemente por la progresía para resolver favorable mente el recurso de reconsideración que en su oportunidad Piero Corvetto presentó para lograr, con éxito, su lamentable ratificación como jefe del a ONPE en julio del 2024.
- [El Comercio,Pág. 19] /