Entrevista a Hugo de Zela, exministro de Relaciones Exteriores. Juntos por el Perú ha denunciado constitucionalmente al canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades en el traslado de las actas de votación de los peruanos en el extranjero. Es una acusación absolutamente irresponsable, cuya motivación es solo política, ya que JP no ha presentado ninguna prueba. La tesis de una conspiración masiva -que involucre al canciller, al presidente Balcázar, a la presidenta electa [Keiko Fujimori] y a la ONPE- es francamente fantasiosa y ridícula. Roberto Sánchez, candidato presidencial de JP, señala que en primera vuelta las actas del extranjero fueron digitalizadas y que, a través de una directiva, se cambió esta disposición y se ordenó que sean trasladadas físicamente. ¿Qué es lo usual? La ley dice que las actas se trasladan físicamente, que se entregan a la ONPE y que se cuentan aquí [en Lima]. Y a este proceso se agregó que también debían traerse las cédulas de votación. La digitalización en la primera vuelta solo fue un proyecto piloto de la ONPE para [tratar de] tener resultados rápidos. Pero no era el conteo oficial. Dejar de digitalizar en la segunda vuelta no altera el resultado ni la norma electoral. Ese reglamento no tiene nivel de ley.