Por Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos. Cela decía:“Quien resiste, gana”. Keiko Fujimori resistió y ganó. Observen bien el momento político y sobre todo quédense con las 'sensaciones' y silencios. El establishment y el antiestablishment, salvo un puñado en la izquierda, se empieza a acostumbrar a la victoria y a llamar a Keiko presidenta, algo impensado meses atrás, y ven un revanchismo absurdo en Roberto Sánchez. Seamos honestos, hoy para la Keiko presidenta todo es prioridad, pero debe organizar una lista de 'prioridades reales', digamos; sobre todo en el sector minero y sus 'compartimentos estancos': la minería informal y la ilegalidad y criminalidad en la minería. Miren estos datos para entender mejor el complejo mundo minero: en el 2025, las exportaciones de la minería formal y moderna superaron los US$62.000 millones; en la minería ilegal fueron más de US$12.000 millones. Ahora vayamos a lo nuestro. Una primera prioridad es la minería ilegal, problema transversal y pluriofensivo según las leyes y origen de una parte de la criminalidad. En enero, el Congreso promulgó el Decreto Legislativo 1695, 'arma penal' que reconoce a la minería ilegal como parte del crimen organizado, incrementa las penas y amplía el tipo penal a otras partes de la 'cadena': procesamiento, beneficio, transporte y tráfico ilícito de minerales. Surgen problemas. No hay presupuesto, tampoco se han elaborado metodologías fiscales y judiciales para la trazabilidad. Adicionalmente, hay una 'debilidad institucional': hay mucha corrupción que implica a malos jueces y fiscales como a policías y militares. Días atrás capturaron al jefe de inteligencia del Comando Unificado de Pataz. La convergencia entre corrupción, falta de presupuesto y oportunidad. La segunda 'prioridad minera' será proponer una formalización realista, basada en evidencias lejos de las cuotas ideológicas, narrativas y políticas que se desarrollaron en los últimos años.