EL DAÑO YA ESTÁ HECHO

Todos están pendientes del Gabinete ministerial que nombrará la presidenta electa, Keiko Fujimori. Sin embargo, aunque elija un equipo de “lujo”, este tendrá que vérselas con un Congreso bicameral que ostentará demasiado poder, heredado del actual, el que incluso se ha atribuido la prerrogativa de aprobar leyes que elevan el gasto corriente del sector público, pese a que la Constitución lo prohíbe. Y lo ha hecho apelando a fórmulas que hubiesen sido risibles hasta hace diez años, como “esta ley no irroga gastos al Estado” u obligando a los pliegos presupuestales afectados a usar sus propios recursos para cubrir los nuevos costos, lo que generalmente ha significado reasignar a gasto corriente sus presupuestos para inversión o mantenimiento. El Consejo Fiscal (CF) estimó en octubre pasado que, desde agosto del 2021, o sea, apenas asumieron los actuales congresistas, el costo fiscal conjunto de las leyes que aprobaron superaba los S/ 35,000 millones anuales. Este monto es 65 veces más elevado que el total aprobado en los tres periodos parlamentarios previos. Además, hay que sumar los cerca de S/ 15,000 millones anuales en gasto corriente que el Congreso ha aprobado este año. La mayor parte de esta irresponsabilidad fiscal ha estado dirigida a aumentar beneficios remunerativos a servidores estatales, es decir, gasto rígido –aumentos salariales, homologaciones, pensiones, bonificaciones, etc.–, pero en todos los casos se omitió la meritocracia