Por Jorge Toyama Miyagusuku, socio de Vinatea & Toyama. Imaginemos dos trenes que parten de la misma estación por vías que jamás se cruzan: uno avanza con motor propio, asientos numerados y boletos en regla; el otro se mueve a empujones, sin frenos ni pasajes, cargando además a la mayoría de los pasajeros. Ese es el mercado laboral peruano. Solo el 30% de los trabajadores es formal frente a un 70% informal; apenas el 15% cuenta con seguros de jubilación, invalidez y sobrevivencia para su familia, mientras el 85% no tiene ninguno. El mayor sueldo promedio formal bordea los S/ 5,725 mensuales frente a apenas S/ 770 del menor sueldo de un trabajador informal. La fractura es también demográfica, de género y sectorial. El 28% de los trabajadores supera los 50 años y el 26% son jóvenes; el 62% de los hombres está en planilla, pero solo el 37% de las mujeres. Tres millones gozan de CTS y gratificaciones frente a quince millones que carecen de ellas. Este año crecerían los sectores construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria, mientras pesca, agroexportación, manufactura primaria e hidrocarburos quedarían rezagados. Hasta las recientes elecciones revelaron esos dos Perús, que votan distinto porque viven realidades distintas. Detrás de esa dualidad hay tres males que se retroalimentan: la informalidad, que supera el 70% de la PEA; la baja protección social, con más del 90% de independientes que no cotiza a pensiones; y una productividad estancada desde hace una década. La informalidad priva de seguridad social a millones, la baja productividad impide formalizar de modo sostenible; y la desprotección desincentiva la formalización. Romper ese círculo vicioso exige actuar sobre los tres ejes a la vez. Si tenemos dos Perús, no podemos gestionarlos con una sola política, igual que ningún directorio aprobaría un único plan de negocios para dos mercados opuestos. Empresas y Estado necesitan estrategias diferenciadas por colectivo.