El distrito de Pataz, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región de La Libertad, es seguramente el epicentro de la crisis de violencia y criminalidad asociada a la minería ilegal del oro que afecta a todo el país. Y no se trata de una caracterización retórica: los números hablan por sí solos. Desde el 2017 hasta octubre del 2024, se registraron unos 600 atentados contra trabajadores de mineras formales en la provincia, perpetrados con armas de guerra y explosivos dentro de los propios socavones. En la zona, operan entre cinco y siete bandas criminales identificadas que controlan cientos de socavones ilegales. Sin embargo, por increíble que resulte, los únicos candidatos que postularán en octubre de este año a la alcaldía distrital son dos individuos vinculados a ese mismísimo problema. Se trata de José Torrealva Iparraguirre, quien ya ocupó el cargo entre el 2015 y el 2018 representando a la organización Súmate por una Nueva Realidad y ahora aspira a repetir el plato con los colores de Podemos Perú; y de Miguel Mantilla Rodríguez, quien ha fracasado ya dos veces en el intento (primero por Trabajo más Trabajo y después por Democracia Directa) y esta vez busca el sillón municipal con las banderas de Alianza para el Progreso. Torrealva Iparraguirre es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz y ha jugado un rol gravitante en lograr que parlamentarios de diversas bancadas se comprometieran con las ampliaciones de los plazos para la formalización minera. Solo entre el 2023 y el 2024, visitó el Congreso 28 veces, frecuentemente en coincidencia con los debates sobre tales ampliaciones. Es, además, dueño o gerente de cuatro empresas dedicadas al transporte o explotación del oro, y una vinculada al almacenamiento de explosivos –materia prima predilecta de los grupos que atacan las minas formales– y actualmente está siendo investigado por minería ilegal.