La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que derogue las leyes pro crimen aprobadas por el Congreso. En su demanda, precisó que la Ley 32326 obstaculiza la recuperación de propiedades y dinero de origen ilícito, por lo que exigió su revisión urgente al advertir que la norma debilita y pone trabas a la lucha contra la delincuencia en el país. “(…) tengo el deber ético e institucional de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, señaló.