El puerto de Chancay se ha consolidado como un potente motor de la infraestructura portuaria en el Pacífico Sur y un estandarte para el Perú. Su imponente ingeniería y su potencial para reconfigurar el comercio global son innegables. Sin embargo, el reciente fallo de la Segunda Sala Constitucional de Lima, que revierte una sentencia de primera instancia y devuelve al Ositrán sus plenas facultades de supervisión sobre el terminal de Cosco Shipping, pone sobre la mesa un debate indispensable. La decisión judicial que declara improcedente el amparo de la empresa china no debe ser leída, bajo ninguna circunstancia, como un ataque a la inversión extranjera o un cambio abrupto en las reglas de juego. Al contrario, representa una saludable ratificación de la institucionalidad en el país. El argumento central del tribunal es clave: aunque el terminal sea de propiedad y capital 100% privados, la naturaleza de su actividad configura un servicio de uso público. Pretender que una infraestructura de esa magnitud opere en un “limbo fiscalizador”, de espaldas al escrutinio del organismo regulador, habría sentado un precedente peligroso para el ordenamiento legal del país. Garantizar que el Ositrán supervise el puerto no tiene por qué traducirse en un desaliento para los inversionistas privados. Las reglas claras y la predictibilidad son los verdaderos pilares de la confianza empresarial.
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