La vulnerabilidad también se extiende a la infraestructura pública. Cerca de 27 mil locales educativos requieren una sustitución total; es decir, todas sus edificaciones deben ser demolidas y reemplazadas por nueva infraestructura. Esto afecta a más de 1,2 millones de estudiantes. la magnitud de esta brecha también condiciona el tiempo que demandaría corregirla. Así, al ritmo promedio de ejecución 2021-2025, cerrar la brecha de infraestructura educativa a la fecha tomaría 24 años. Más aún, en regiones como San Martín, Amazonas y Loreto, requeriría más de cinco décadas. Frente a brechas de esta magnitud y riesgos eminentes, se requiere gestionar adecuadamente los recursos para la prevención y gestión de desastres. Ello implica asignar recursos suficientes a las zonas que suelen ser más afectadas y ejecutarlos eficientemente. No obstante, en el 2026 los recursos presupuestados por habitante para la zona norte del país son casi 30% menores en términos reales que los ejecutados en los últimos 10 años. Ello contrasta con el mayor presupuesto por habitante para las regiones del oriente (+49%), centro (+31%) y sur (+30%) del país. Además, preocupa el lento avance de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que asumió la cartera de proyectos destinados a prevenir desastres y reconstruir infraestructura afectada de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Según datos del MEF, el 75% de las obras en su cartera vigente se iniciaron antes del 2023. Sin embargo, aun cuando la ANIN cuenta con mecanismos especiales para la contratación, solo registra una ejecución financiera promedio de 36% del monto total comprometido para estas obras. (Edición domingo).