El expresidente Pedro Castillo –a través de su abogado Walter Ayala– presentó el último 6 de julio dos nuevas solicitudes de gracia común, a fin de dejar sin efecto la condena de 11 años y 5 meses de prisión que cumple por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y también la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata. En el expediente sobre la sentencia en primera instancia por conspiración para la rebelión, Ayala argumentó que el artículo 118, inciso 21, de la Constitución habilita al presidente de la República a ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados, cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo (24 meses) más su ampliatoria. En ese sentido, el exministro de Defensa indicó que el 16 de diciembre del 2024 debió ser la fecha máxima para que su patrocinado recibiera una condena firme. Ayala indicó que la sentencia en primera instancia contra Castillo no es relevante, porque no es una decisión firme. (Edición domingo).