La próxima administración de Keiko Fujimori no solo asumirá el reto de ejecutar nuevos proyectos de inversión y reactivar la economía. También deberá revisar una importante cartera de controversias arbitrales contra el Estado, muchas de ellas vinculadas con obras públicas, concesiones y contratos de servicios. De acuerdo con el balance del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre el 2022 y junio del 2026 ingresaron 2,955 arbitrajes, lo que refleja el uso sostenido de este mecanismo para resolver controversias entre entidades públicas y empresas privadas. Solo en el primer semestre del 2026 se registraron 321 nuevos procesos. Más allá del número de procesos que ingresan cada año, la carga que recibirá el próximo Gobierno está representada por los arbitrajes que permanecen abiertos. Según información proporcionada a Gestión por el Centro de Arbitraje de la CCL, actualmente existen 325 arbitrajes en trámite contra el Estado, principalmente en sectores como construcción y obras, educación, minería, salud, tecnología, telecomunicaciones, transporte, servicios, seguridad, seguros, servicios legales y el farmacéutico.
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