En un país como el Perú –con territorios extensos, varias carencias y amplia diversidad poblacional–, las prioridades de la ciudadanía suelen estar relativamente dispersas en las encuestas de percepción pública. Hay muchos temas por atender y opiniones encontradas sobre lo que es urgente en cada momento. En ese sentido, es inusual el resultado del último sondeo de Datum para El Comercio, en el que queda claro que la administración entrante de Keiko Fujimori asume el poder con un mandato popular específico: combatir la inseguridad. Nada menos que tres de cada cuatro encuestados respondieron que debería ser la prioridad del gobierno. La contundencia del resultado no deja espacio para ninguna duda. Muy atrás le siguieron otros objetivos importantes como generar empleo y reactivar la economía (26%), mejorar los servicios de salud (24%), mejorar la calidad de la educación (20%), etc. Fortalecer la seguridad ciudadana no será nada fácil. Para ello, el equipo de Fuerza Popular ha propuesto, por ejemplo, la creación de centros de comando y videovigilancia en las 24 regiones, el uso de mil patrulleros inteligentes y la instalación de 10.000 cámaras de vigilancia. Pero incluso si el plan estuviera muy bien diseñado y ejecutado, los primeros resultados tardarán varios meses en observarse.