Por Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. La historia nos ha demostrado que ningún país puede construir su futuro en medio de una inestabilidad permanente. El crecimiento económico, la inversión, la ejecución de políticas públicas y la atención de las necesidades de la población requieren una condición previa: estabilidad política e institucional, respeto por las reglas democráticas y la capacidad de construir acuerdos que trasciendan la coyuntura. Cuando esos elementos se debilitan no solo se deteriora el debate público, sino también se limita la capacidad del Estado para responder a las demandas de los ciudadanos y se resiente la confianza en las instituciones. Esa fue la realidad que vivió el Perú durante los últimos años. La sucesión de crisis políticas y un prolongado clima de confrontación fueron erosionando la gobernabilidad y desplazando del centro de la agenda los grandes desafíos nacionales. En ese contexto, el gobierno de transición del presidente José María Balcázar asumió, desde el 18 de febrero del 2026, una responsabilidad muy clara: devolverle al país estabilidad, certidumbre institucional y las condiciones necesarias para que la democracia y el Estado recuperaran su normal funcionamiento. Ese será el principal legado de esta gestión: haber contribuido a darle al Perú el respiro político e institucional que necesitaba después de años de incertidumbre y polarización. Ese clima de mayor estabilidad permitió recuperar la normalidad democrática y que el Estado volviera a concentrar sus esfuerzos en lo que verdaderamente importa: impulsar el desarrollo del país.
- [El Comercio,Pág. 18] /