La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de reafirmar que el Congreso carece de iniciativa para crear gasto público constituye un paso importante para restablecer uno de los principios esenciales de una economía sana: la responsabilidad fiscal. No se trata de limitar las facultades del Parlamento, sino de preservar un equilibrio institucional que evita que las buenas intenciones terminen comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas. Durante los últimos años, el Consejo Fiscal ha advertido de manera reiterada sobre normas aprobadas por el Congreso que generan obligaciones permanentes para el Estado sin contar con una fuente sostenible de financiamiento. Entre ellas figuran incrementos de pensiones, homologaciones remunerativas y cambios de régimen laboral cuyo costo asciende a miles de millones de soles. Muchas de estas iniciativas respondieron a demandas legítimas de distintos sectores, pero fueron aprobadas sin una evaluación integral de sus efectos sobre el presupuesto público. La sentencia del TC no elimina automáticamente esas leyes, pero sí restablece un criterio que nunca debió perderse: quien administra los recursos públicos debe ser también quien proponga los gastos permanentes. Ese principio no busca concentrar poder en el Ejecutivo, sino garantizar que cada nuevo compromiso del Estado sea compatible con la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
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