El presidente de la República, José María Balcázar, tendría que asumir responsabilidades constitucionales y penales si decide indultar a Pedro Castillo haciendo caso a un informe de un grupo no vinculante de Naciones Unidas, instancia que calificó como arbitrario el encarcelamiento del exmandatario golpista. Así lo concordaron diversos abogados expertos en materia constitucional y penal respecto al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el cual concluye que la detención de Castillo, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue “arbitraria” y careció de base legal. Dicho documento, fechado en mayo pasado y hecho público recientemente, insta al Estado peruano a poner “inmediatamente en libertad” a Castillo Terrones y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.