En organizaciones que aplican la meritocracia, los puestos de trabajo, los cargos y los ascensos son asignados siguiendo criterios que priorizan los méritos estrictamente profesionales de los trabajadores, y no factores externos como la pertenencia a las muy peruanas “argollas” (contactos, influencias, etc.). En el sector público, la ausencia de esquemas meritocráticos tiene un perjuicio mayor porque refleja la existencia de intereses particulares, generalmente de índole política –contratar a miembros de los partidos que ostentan el poder de turno, o a sus allegados y familiares–. Y es proclive a generar corrupción. En este quinquenio, que afortunadamente termina el 28 de julio, la falta de meritocracia alcanzó proporciones escandalosas. Es el caso, por ejemplo, del copamiento que perpetró el Gobierno de Pedro Castillo en ministerios que manejan millonarios presupuestos como los de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El primero de los titulares del MTC de dicho régimen, Juan Silva Villegas, está prófugo desde junio del 2022, con mandato de prisión preventiva por presuntamente haber manejado una red de corrupción en ese ministerio. Pero no se trató solamente de funcionarios nada idóneos en el Ejecutivo (Petroperú, Essalud, Instituto Peruano del Deporte y un largo etcétera), sino que también se desmanteló, principalmente desde el Congreso, reformas estructurales que hacían hincapié en la meritocracia, como en educación escolar y salud. El Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), con Jaime Saavedra al frente del Ministerio de Educación, instauró los exámenes obligatorios a docentes para determinar ascensos, aumentos de sueldo, capacitaciones y despidos. Pero hoy, esas evaluaciones son un saludo a la bandera.
- [Gestión,Pág. 4] /