Luego de 24 años llega a su fin el Congreso de la República unicameral. Y lo hace, según la última encuesta nacional de Ipsos para Perú21, con un 78% de desaprobación ciudadana. De poco o nada le sirvió a la representación parlamentaria sacar adelante normas populistas -como el retiro indiscriminado de los fondos de las AFP y la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios que fueron en perjuicio de los propios aportantes- o el aumento remunerativo sin sustento técnico en favor de distintos sectores sociales. Finalmente, pesó más el descrédito de sus integrantes por una larga lista de inconductas éticas y presuntos delitos de corte penal. Entre ellas las denuncias por el recorte de sueldos a sus trabajadores, el mal uso de recursos públicos en las llamadas Semanas de Representación, la dación de normas para favorecimiento propio y/o el blindaje al expresidente Pedro Castillo y sus ministros a través del canje de votos por la adjudicación de obras y nombramientos en cargos públicos de sus allegados. Y no olvidemos la acusación de presunta violación sexual contra su expresidente José Jerí ni la sentencia por ese mismo delito contra el exlegislador Freddy Díaz.