A menos de dos semanas del cambio de gobierno, con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) próxima a iniciar funciones presidenciales, el futuro del expresidente Pedro Castillo no luce prometedor. No solo los múltiples pedidos de indulto a su favor, en el caso de conspiración para la rebelión, no cumplen con los requisitos. Hay otro proceso en curso, con una orden de prisión preventiva vigente, del que tampoco puede librarse. Cuando Castillo ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo (Ate), con una prisión preventiva por el caso del golpe de Estado, surgió otra prisión preventiva en su contra, de 36 meses, en una investigación por presunta organización criminal y colusión. La medida se amplió por doce meses más en marzo último y ahora vencerá el mismo mes del 2027. Por ello, Castillo, para el caso de un indulto, no solo incumple el requisito de la sentencia firme –por conspiración para la rebelión–, sino que carece del exceso de carcelería para recurrir al “derecho de gracia” y pedir la extinción de la causa penal por corrupción.