Por Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú. Cuando se habla de reformas económicas, el debate suele centrarse en impuestos, gasto público o inversión. Sin embargo, existe un factor menos visible, pero igual de determinante para el crecimiento: la calidad de la regulación. En los últimos años, el Perú ha acumulado miles de normas, procedimientos, permisos y autorizaciones que muchas veces se superponen, duplican funciones o simplemente han perdido vigencia. El resultado es un Estado más complejo, costoso y lento, que eleva los costos de hacer empresa, desincentiva la formalidad y reduce la competitividad. Si el próximo Gobierno solicita facultades legislativas, la prioridad no debería ser producir más regulación, sino revisar la existente, eliminar la innecesaria y simplificar la relación entre el Estado y quienes invierten, producen y generan empleo. Las economías más competitivas ya entendieron que una buena política regulatoria no consiste en regular más, sino en regular mejor. Varios países de la OCDE revisan periódicamente su stock normativo, incorporan cláusulas de caducidad y aplican principios como one in, two out, eliminando regulaciones por cada nueva obligación que imponen. El Perú debe avanzar en esa dirección. La primera reforma debería ser una simplificación administrativa agresiva. El Estado aún exige documentos que ya posee, mantiene autorizaciones previas donde bastaría la fiscalización posterior y obliga a recorrer múltiples entidades para completar un solo trámite. La interoperabilidad, el expediente empresarial digital y el principio de que el ciudadano entregue la información una sola vez deben convertirse en políticas públicas.
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