La alta dependencia que el Perú tiene del gas (de Camisea) se puso en evidencia en la primera quincena de marzo, cuando una deflagración en el gasoducto provocó la interrupción del suministro de gas natural y líquidos de gas natural hacia la costa central. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) decretó el racionamiento del combustible, de modo que centrales termoeléctricas con capacidad de dualidad tuvieron que optar por el diésel. Asimismo, los usuarios de gas natural vehicular (GNV) se vieron obligados a suplir la escasez con gasolina. También se restringió la producción de gas licuado de petróleo (GLP), perjudicando el suministro de GLP vehicular. En tanto, las empresas industriales que usan gas natural tuvieron que suspender su producción. Todo este caos desembocó en un fuerte aumento de precios de los servicios y productos afectados. Por ejemplo, la inflación de la división de consumo “transporte” fue 7.86% en marzo, lo que implicó una inflación total de 2.13% en dicho mes, según el INEI. Así que la crisis de suministro, que duró dos semanas, tuvo ramificaciones en muchas otras actividades. El impacto en la inflación fue adecuadamente medido, porque la base de la estructura del índice de precios al consumidor es diciembre del 2021 (menos de cinco años). Pero no en el PBI, porque la ponderación del gas (y del resto de actividades) corresponde a la estructura de la economía peruana del 2007. En la actualidad, el 35.2% de la electricidad del país es generado con gas, mientras que apenas 0.7% con otros combustibles fósiles. La principal fuente de energía es la hidroeléctrica (52.7%), que es mucho más limpia, además de renovable. El gas, en cambio, tiene fecha de caducidad, lo mismo que el petróleo y el resto de combustibles fósiles. Si no se descubren nuevos yacimientos, el gas de Camisea duraría menos de dos décadas. Pero existen otras alternativas de energías renovables, las llamadas no convencionales (RNC) cuyas fuentes están disponibles en buena parte del territorio peruano.
- [Gestión,Pág. 4] /