Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura. Uno de los grandes problemas del Perú no es la falta de leyes, sino el exceso de ellas. Cada vez que ocurre una crisis, un accidente o un escándalo, la respuesta casi automática de nuestras autoridades es proponer una nueva norma, crear un requisito adicional o imponer un trámite más. Rara vez se evalúa si las reglas existentes funcionan o si realmente se cumplirán. El resultado es un sistema cada vez más complejo que, lejos de solucionar los problemas, hace más difícil la formalidad. Paradójicamente, mientras condenamos la corrupción, seguimos alimentando las condiciones que la favorecen. Un entramado de leyes y procedimientos excesivamente complicados genera incentivos para que ciudadanos y funcionarios recurran a la llamada aceitada. Cuando un trámite demora semanas o meses y existe urgencia por resolverlo, la tentación de ofrecer o solicitar un soborno aumenta inevitablemente. Con frecuencia se anuncia la necesidad de simplificar los trámites administrativos y agilizar los permisos. Sin embargo, esas promesas suelen quedarse en el discurso. En la práctica, la reacción habitual consiste en endurecer las sanciones: multas más elevadas, mayores exigencias regulatorias y penas de prisión más largas, aun cuando el propio Estado carece de infraestructura suficiente para hacerlas cumplir. (Edición sábado).