Por Carlos Casas Tragodara, economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. En pocos días asumirá una nueva administración y lo hará contra el reloj. Los desafíos no llegan en fila, sino todos a la vez, y la situación fiscal no perdona la improvisación. Hay frentes que exigen atención inmediata: postergarlos no los desactiva, los agrava. El primero ya está anunciado y sobrevuela toda la economía: la creciente probabilidad del fenómeno de El Niño. No conocemos su magnitud, y ahí radica el peligro. Existen líneas de crédito contingentes, pero las necesidades podrían desbordar los fondos disponibles. Si así ocurre, tendremos que recurrir a nuevo endeudamiento, esta vez plenamente justificado. Y, sin embargo, incluso ese endeudamiento sería la factura tardía de una omisión: no haber reconstruido el espacio fiscal en los años posteriores al covid, cuando la irresponsabilidad del Congreso puso en riesgo nuestras finanzas públicas. En ese terreno hay una señal alentadora. El Tribunal Constitucional habría establecido que el Congreso carece de iniciativa de gasto, algo saludable. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué ocurrirá con las leyes ya aprobadas? ¿Serán derogadas? Aquí aparece el verdadero trade-off entre política y salud fiscal. Siempre habrá grupos presionando por beneficios estatales –el clientelismo político nunca descansa–, y la prueba para las nuevas autoridades será atender necesidades legítimas sin romper el equilibrio fiscal. Ceder tiene un nombre: costos de largo plazo que, tarde o temprano, pagamos todos.
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