Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, afirmó que el próximo gobierno recibirá una economía favorecida por el crecimiento de la inversión privada, el dinamismo exportador y los altos términos de intercambio, pero con un espacio fiscal considerablemente menor. Advirtió que el crédito suplementario y el peso del gasto corriente obligarán a modificar la trayectoria de reducción del déficit y sostuvo que la credibilidad de ese cambio dependerá de las medidas que adopte la nueva administración para ordenar las cuentas públicas. Ud. ha advertido que el crédito suplementario aprobado agrava el deterioro fiscal. Creo que ese crédito reduce muchísimo el espacio fiscal. No existe precedente de aprobar un crédito suplementario de casi S/10.000 millones cuando un gobierno está por terminar su mandato. Además, buena parte de esos recursos se ha destinado a obras nuevas. A eso se suma una situación muy comprometida por el peso del gasto corriente. Creo que esa situación obligará al próximo gobierno a flexibilizar las reglas fiscales. No anticipo que la ortodoxia vaya a desaparecer del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por el contrario, espero un manejo más creíble y más tecnocrático del Ejecutivo. Sin embargo, no veo forma de que pueda cumplirse la trayectoria originalmente prevista para reducir el déficit fiscal hasta el 1% del PBI. Si esa flexibilización resulta inevitable, ¿qué condiciones deberá cumplir el próximo gobierno para que el mercado la considere creíble? Tendrá que acompañarla de acciones concretas. Entre ellas, interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que incrementan el gasto, observar iniciativas que generen mayores obligaciones fiscales y buscar eficiencias para reducir el ritmo de crecimiento del gasto corriente. Si, además, logra generar un mayor nivel de confianza y acelerar el crecimiento económico de alrededor de 3% a tasas cercanas a 4,5% o 5% durante los próximos años, la nueva trayectoria fiscal podría resultar creíble. También habrá que resolver otros frentes que hoy presionan las cuentas públicas, como la situación de Petro-Perú, el pago de laudos arbitrales adversos al país y los costos para la reconstrucción tras el FEN.