LA LEY BURLADA

Las próximas elecciones regionales y municipales están revelando una preocupante constante: cada vez son más frecuentes las candidaturas que, sin violar abiertamente la ley, encuentran la manera de eludir su espíritu. Son, fundamentalmente, sacadas de vuelta a las reglas que buscan preservar la alternancia. El caso más reciente es el de Rafael López Aliaga. El JNE despejó el camino para que el líder de Renovación Popular postule como teniente alcalde de Lima, pese a haber sido proclamado senador electo. Ello porque, según la entidad, al interpretar que “la sola elección y proclamación” como senador “activa el impedimento previsto” en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales (LEM) “implicaría extender una restricción del derecho a ser elegido a una situación que la norma no contempla expresamente. Puede tratarse de una interpretación jurídicamente defendible, pero abre un precedente riesgoso: convierte una restricción diseñada en un obstáculo fácilmente evitable. Si basta con no juramentar para competir por otro cargo, la prohibición pierde buena parte de su eficacia. La misma lógica aparece en Magdalena. Francis Allison dejará la alcaldía para intentar llegar a la Municipalidad de Lima, mientras su esposa, Carla Robbiano, busca sucederlo en el distrito. Nadie discute que los vecinos tendrán la última palabra en las urnas. El problema es otro: cuando una gestión pretende prolongarse a través de un familiar directo, la alternancia deja de ser un principio institucional relevante. Recordemos que la democracia exige competencia real y renovación del poder.