Por Omar Mariluz Laguna, periodista. Entre el 2022 y el 2024 el Estado Peruano ya desembolsó más de S/17.000 millones para salvar a Petroperú, entre capitalizaciones, préstamos y garantías. En ese mismo período, mientras la petrolera recibía rescate tras rescate, las obras que debían protegernos del próximo fenómeno de El Niño quedaron, en su mayoría, sin ejecutar. Ese es el país que Keiko Fujimori hereda el 28 de julio: uno que encontró siempre la plata y la urgencia para salvar a una empresa, pero nunca el mismo apuro para proteger a la gente del clima. Y el patrón no se detiene con el cambio de gobierno. Petroperú tiene un nuevo salvavidas de US$2.000 millones aprobado desde enero, con un primer tramo de US$500 millones ya listo para entregarse, pero se resiste a firmar el documento que activaría el desembolso porque no quiere la supervisión que viene con él. Pro Inversión advirtió el 20 de julio que la petrolera "a la fecha... no cuenta con los acuerdos adoptados por su directorio", pese a que su presidente había asegurado lo contrario ante el Consejo de Ministros días antes. Moody's calificó de "incierta" la ejecución del apoyo. Lo que está en juego no es solo la plata: es el mecanismo de auditoría sobre los embarques de crudo que la propia empresa preferiría evitar. Ese comportamiento tiene una explicación que va más allá de este último salvataje: Petroperú no quiere que le toquen la planilla. Especialistas del sector han señalado que la empresa mantiene más de 80 "gollerías" que van más allá del sueldo y la gratificación, sostenidas por sindicatos con peso suficiente para incidir en las decisiones del directorio, en una empresa que – según el IPE– pierde mil dólares por minuto. Cada rescate, en los hechos, terminó protegiendo ese modelo antes que la viabilidad de la empresa o la plata de todos los peruanos. (Edición domingo).