Por Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq. El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo puede evaluarse pensando qué obstáculos concretos permitirá realmente remover. Desde el punto de vista político, priorizar la seguridad y la prevención ante El Niño responde a las principales preocupaciones ciudadanas. En ambos temas, el problema del Estado suele ser la lentitud para actuar por los malos procesos burocráticos y por la incapacidad (o desinterés) de los actores en tomar decisiones. Cuando una norma o trámite demora la intervención policial contra la extorsión, la descolmatación de un río o la construcción de infraestructura preventiva, la respuesta puede llegar cuando el daño ya está hecho, lo que genera la frustración de la población. Acelerar procesos y, por lo tanto, resultados, determina si el servicio público cumple su propósito. La gestión del FEN enfrenta también un problema de gobernanza territorial. La respuesta depende de regiones y municipios que no se han destacado por su capacidad de ejecución. El problema se agrava con el cambio de autoridades: las salientes tienen pocos incentivos políticos para actuar y las entrantes atraviesan una curva de aprendizaje. El Ejecutivo puede proponer mecanismos para que la participación de las autoridades subnacionales contribuya a la velocidad de ejecución, y no que la entorpezca.