Las personas que en nombre de la compañía Terminales Portuarios Chancay (ahora Cosco Shipping Ports Chancay Perú, CSCPC), firmaron el contrato de inversión con el Estado peruano, José Picasso Salinas y Marco Rivera Noya, el 26 de agosto de 2016, no contaban con los poderes inscritos en los Registros Públicos, señala una auditoría de la Contraloría aplicada una década después de los hechos. El informe de control señala que las autoridades que fueron parte del proceso no verificaron que los representantes de la contraparte privada contaran con el poder que acreditaba su legal habilitación para firmar. Por el Estado suscribieron el acuerdo la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, y el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Carlos Herrera Perret. La supuesta carencia de representación legal de los firmantes por parte de CSCPC es uno de los tres cuestionamientos de fondo que se consignan en la auditoría de cumplimiento denominada 'Otorgamiento de la habilitación, suscripción del contrato de inversión y adendas, licencia portuaria y fiscalización ambiental al terminar portuario multipropósito de Chancay', que emitió la Contraloría en la quincena de junio de este año. (Edición sábado).