Por Omar Mariluz Laguna, periodista. La presidenta Keiko Fujimori quiere hacer tortillas. Las propuestas que se han filtrado en la primera versión del proyecto de ley del pedido de facultades legislativas, que buscan implementar cambios en seguridad, reactivación económica, reforma del Estado, entre otros, demuestran que este gobierno está dispuesto a realizar cambios profundos que tendrán impacto directo en la ciudadanía, las empresas e, incluso, la burocracia peruana. Y para romper huevos hay que estar dispuesto a que algunos se ensucien las manos. En el documento aparecen medidas que llevan años estancadas en el debate público, esas que todo gremio empresarial pide en CADE y que todo gobierno promete y nunca toca: un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas progresivas, la derogación del tope a las tasas de interés, una Sunafil que fiscalice pero que también ayude a formalizar, y hasta cuentas de ahorro para chicos de 12 años. No es poca cosa. Es, en el papel, el intento más ambicioso de destrabar la economía peruana en más de una década. Pero ya en la primera semana quedó claro cuánto puede durar esa ambición frente a la primera crítica. Una de las medidas más sensatas del paquete era reducir los feriados no laborables, que en el último Congreso crecieron de manera desmedida y que hoy son uno de los factores que más golpean la productividad. Bastó que empezaran las quejas para que la presidenta retrocediera y anunciara que, finalmente, no se tocará el número de feriados: ni se reducirán ni se ampliarán más. Es un mal augurio. Si el gobierno cede en la medida más fácil de explicar y de menor costo político, cuesta creer que sostendrá el pulso cuando toque discutir el impuesto a la renta empresarial o la flexibilización laboral, donde los intereses en juego –y la resistencia gremial y sindical– son mucho mayores. (Edición domingo).