Por Ronn. El crecimiento potencial del Perú viene reduciéndose desde hace unos quince años. Tras expandirse cerca del 6% anual durante la primera década del siglo, la economía ingresó en una trayectoria descendente que se profundizó con la pandemia y que aún no logra revertirse. Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto excepcionalmente favorable para nuestras exportaciones mineras. Como consecuencia, al país se le complica generar más inversión privada, empleo formal, bienestar económico y reducir la tasa de pobreza, que todavía se mantiene arriba de los niveles prepandemia. Ello confirma que las restricciones al crecimiento son hoy predominantemente internas y que el desafío central consiste en elevar la productividad de la economía. La literatura económica es contundente en este punto. Existe amplio consenso en que el crecimiento sostenido depende de la capacidad de producir más valor con los mismos recursos. La productividad aumenta cuando las empresas pueden crecer, invertir e innovar; cuando los trabajadores desarrollan mejores capacidades; cuando los recursos se reasignan hacia actividades más eficientes, y cuando las instituciones reducen costos de transacción e incertidumbre. En ese contexto, el pedido de facultades legislativas que presentará el nuevo gobierno constituye una oportunidad para atacar varios de los cuellos de botella que hoy limitan el crecimiento potencial del Perú.
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