Por Richard Arce. Dentro del paquete de facultades legislativas que pretende solicitar el gobierno de Keiko Fujimori al Parlamento hay temas por demás controversiales y de evidente interés nacional, sobre todo en ámbitos sensibles como el medioambiente. Pretender aplicar el silencio administrativo para aprobar licencias ambientales es un despropósito desde todo punto de vista, porque la anomia de un Estado que retrasa las inversiones y perjudica a empresas serias que quieren invertir en el país no puede ser la justificación para flexibilizar la legislación ambiental. El problema es la incompetencia de los funcionarios que no pueden atender un trámite legítimo solicitado por inversionistas. El Perú tiene el deber de garantizarles “seguridad jurídica” y predictibilidad a estas inversiones, pero no es posible que la incompetencia sea el argumento para facilitarles un procedimiento ambiental. Justamente, son los instrumentos ambientales, como un EIA, una MEIA, un balance hídrico o cualquier licencia ambiental, los que van a garantizar el cumplimiento de estándares ambientales que aseguren la sostenibilidad de la inversión. En caso contrario, estas abreviaciones y aprovechamientos en los trámites administrativos podrían generar pasivos ambientales e indisponer a las poblaciones de las zonas de influencia debido a las afectaciones que podrían ocasionar en el futuro. Además, las consecuencias podrían ser nefastas para el medioambiente, así como también para las propias empresas beneficiadas, porque se podrían gestar conflictos sociales con estos argumentos propiciados por un Estado ausente o paquidérmico.