Por Richard Arce. A través de una publicación del prestigioso diario inglés The Guardian, me entero del acuerdo extrajudicial entre las víctimas de contaminación minera y la transnacional americana Doe Run, filial del Grupo Renco, para indemnizar con 150 millones de dólares a 1,373 personas afectadas. Probablemente, le correspondería a cada víctima unos cien mil dólares como reparación al daño causado en la salud de estas personas, sobre todo con impacto neurológico a consecuencia de la contaminación de metales en la sangre. La noticia suena bien, pero atrás hay toda una lucha titánica de cientos de familias de La Oroya, tratando de exigir justicia en una batalla legal imposible que tuvo que llevarse hasta los pasillos de varios tribunales en EE.UU., donde se pudo avanzar hasta esta etapa que ha permitido que Doe Run reconozca las afectaciones a las personas que vivían en La Oroya, que han sufrido desde niños los estragos de la contaminación por habitar en los alrededores del complejo metalúrgico. Hay que reconocer la labor encomiable de monseñor Barreto, cardenal y arzobispo de Huancayo, hoy en el retiro, que ha impulsado la defensa de estas personas afectadas en los cuatro casos judicializados en St. Louis, estado de Missouri (EE.UU), donde se ha podido poner en el banquillo al gigante siderúrgico, para que asuma la responsabilidad del impacto ambiental ocasionado.