Con el salvoconducto que el gobierno de Keiko Fujimori entregó a Betssy Chávez para que viajara a México la medianoche de este viernes, se cierra –por fin– un episodio que jamás debió durar tanto. Desde el 3 de noviembre del 2025, la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista permaneció asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima, protegida día y noche por un cordón policial, mientras la relación bilateral entre dos países con una agenda compartida quedaba congelada por casi nueve meses. Todo por una figura política sin mayor relevancia. Vale recordar cómo llegamos hasta aquí. Solo a alguien como al golpista expresidente Pedro Castillo se le pudo ocurrir designar como jefa de su Gabinete a una persona acusada de plagiar buena parte de su tesis de abogada, y censurada meses antes como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo por su manifiesta incapacidad de gestión. Chávez no fue una espectadora pasiva del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: integró el círculo más cercano al exmandatario y coordinó activamente el intento de cerrar el Congreso y quebrar el orden constitucional. La justicia así lo estableció el pasado 27 de noviembre, cuando la Corte Suprema la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión. No era la primera vez que enfrentaba la privación de su libertad: entre junio del 2023 y setiembre del 2025 ya había permanecido en prisión preventiva mientras se le investigaba por los mismos hechos. (Edición sábado).